La Unión Europea y 22 de sus estados miembros, entre los que se encuentra España, firmaron ayer en Japón el tratado ACTA, un acuerdo comercial con el que se espera combatir el tráfico de falsificaciones y la violación de la propiedad intelectual y que generó una sublevación en Internet durante su negociación. En junio, la firma del tratado será ratificada por el Parlamento Europeo.
Alemania, Holanda, Chipre, Eslovaquia y Estonia no se unieron a la firma del tratado y organizaciones de toda la Unión ya están preparando movilizaciones para tratar de frenar la ratificación del tratado. De hecho, en Polonia ya hace días que se han organizado movilizaciones en contra de ACTA.
El tratado ACTA ya fue suscrito el año pasado por Estados Unidos, uno de sus principales impulsores, a pesar de haber frenado la aprobación de sus propias leyes de piratería, SOPA y PIPA. También Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda se sumaron, entre otros, a la aprobación del tratado. Según éste, se podrían aplicar distintas medidas por parte de los estados para luchar contra el comercio de falsificaciones y la distribución ilícita de material con derechos de autor, según explica El País.
Los que se oponen al tratado comercial señalan que con él se introducirían medidas genéricas cuya aplicación concreta podría llegar a suponer la persecución penal de cualquier proveedor de Internet que favoreciera la piratería a nivel comercial. Con ACTA, se admitirían nuevas sanciones penales que forzaran a los proveedores a vigilar los contenidos de Internet, una merma, según explican los opositores a la medida, de la libertad de expresión, además de un incremento de la inseguridad jurídica que permitiría a los titulares de los derechos obtener información de los infractores. Además, los que se oponen a estas medidas señalan la necesidad de “remedios expeditivos” que prevengan las infracciones y el despliegue de “obstáculos” que impidan el avance de la piratería.
Los artículos recogidos en el tratado no son de obligado cumplimiento para los Estados, pero este solicita la colaboración entre distintos sectores. Eso sí, la palabra Internet no figura en ningún momento en el texto, y queda sustituida por “entornos digitales”. Además, en el tratado se prevé la aplicación de sanciones civiles, por daños y perjuicios a los intermediarios, pero no se aclara la manera de fijar la cuantía de éstas.
El borrador de ACTA fue publicado por la Unión Europea en marzo de 2010, después de que el Parlamento Europeo señalara que tiene competencia para estudiar los tratados internacionales en los que participe la UE, además de mostrar su desacuerdo con el secretismo que reinó durante las negociaciones. De hecho, el conocimiento de que estas negociaciones se realizaron de forma secreta generó un escándalo que obligó a que las autoridades europeas se implicaran en el asunto.
Para calmar la tormenta que este tipo de regulaciones están despertando en la red, desde todos los sectores, el portavoz de Karel de Gucht, comisario de Comercio, John Clancy, aseguró que ACTA “no restringe la libertad de Internet ni propone censura de webs. El tratado quiere garantizar que las organizaciones criminales sean perseguidas cuando roban la propiedad intelectual, dañando la innovación y destruyendo empleo”. Según Clancy, el tratado no intervendría sobre la forma en que usamos Internet de forma cotidiana: “los ciudadanos podrán seguir usando las redes sociales como Facebook o Twitter como en el pasado”, explicó.
Por su parte, la UE ha asegurado que el tratado es distinto a las leyes SOPA y PIPA de Estados Unidos, porque no contempla la prohibición de acceso a la red. Pero sí se trata de una protección ante los ocho mil millones de euros que la Unión asegura que pierde anualmente por el tráfico de material pirata.
Y en España, RedTel, asociación española de operadores de telecomunicaciones, ya cuestionó en abril de 2010 el tratado, resaltando que no contemplara “ninguna mención a crear oportunidades de comercio”.
Aunque reconoce que ACTA es lógico para la piratería de bienes físicos, con un mercado legal de bienes equivalentes, en el caso de la piratería digital el problema, señaló, es similar al de la Disposición Final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible de España, que “sólo se ocupa de medidas penalizadoras”, mientras que el problema, subrayan está en la débil oferta legal de contenidos.
Fuente: www.marketingdirecto.com
Fecha: 27 enero 2012
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